La reforma del Estado brasileño pretende modernizar y racionalizar las actividades estatales, redefinidas y distribuidas en sectores, uno de los cuales es designado “sector de los servicios no exclusivos del Estado”, es decir, aquellos que pueden ser realizados por instituciones no estatales, en calidad de prestadores de servicios. El Estado puede proveer tales servicios, pero no ejecuta [...] una política reguladora de estos servicios. En estos servicios están incluidas la educación, la salud, la cultura y las utilidades públicas, entendidas como “organizaciones sociales” prestadoras de servicios que celebran “contratos de gestión” con el Estado. La reforma tiene un presupuesto ideológico básico: el mercado es podador de racionalidad socio-política y agente principal del bienestar de la República. Este presupuesto lleva a colocar derechos sociales (como la salud, la educación y la cultura) en el sector de servicios definidos por el mercado. De esta manera, la reforma restringe el espacio público democrático de los derechos y amplía el espacio privado no sólo donde eso sería previsible —en las actividades ligadas a la producción económica—, sino también allí donde no es admisible —en el campo de los derechos sociales conquistados.