Prácticas educativas y transformaciones subjetivas en Cajarmarca Tolima, epicentro de lucha antiextractiva en Colombia.

Abstract

Los colombianos escucharon hablar por primera vez de la mina de oro La Colosa ubicada en Cajamarca Tolima a finales del año 2007. Año en que un boom económico resonaba desde México hasta la Patagonia en Argentina, debido a la extracción y exportación de bienes primarios como: hidrocarburos (gas y petróleo), metales minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc), productos agropecuarios (maíz, soja, trigo) y biocombustibles. Actividades primario extractivas con escaso valor agregado que han sido concesionadas por los gobiernos de la región de las últimas tres décadas a grandes corporaciones internacionales (Svampa & Viale, 2014). Para el cumplimento de esta lógica de acumulación capitalista, los países de la región, comenzaron a tramitar reformas legislativas con el fin de adecuar las políticas y leyes ambientales nacionales a las nuevas condiciones del extractivismo minero (Svampa & Antonelli, 2009). En Colombia esta política se materializó en el Código de Minas aprobado mediante la ley 685 del 2001. Norma en la que se estipulaba el procedimiento para conceder expeditas licencias y excepciones de impuestos a las compañías mineras y en la que se consideraba la explotación de los recursos naturales del subsuelo como base fundamental para el fortalecimiento económico del país. Los afectados con la implementación de estas leyes en América Latina han sido los sectores populares. Gracias al conocimiento de las comunidades, adquirido en conversatorios y talleres con expertos sobre los impactos ambientales y sociales catastróficos para los territorios, y la vocación económica de los mismos; el uso indiscriminado del agua; los efectos a la biodiversidad, la salud humana, y el uso de cianuro y mercurio para la explotación aurífera, surgieron expresiones de descontento como: mítines, marchas, plantones, protestas, movilizaciones y demás acciones colectivas, de las que participaron campesinos, indígenas, estudiantes y demás sectores sociales que protestaban por las privatizaciones, la desigualdad social, y los problemas ambientales derivados de la actividad minera(Svampa & Antonelli; 2009; Giarracca & Tuebal, 2013¸ Navarro, 2015). En Colombia, el anuncio del presidente Álvaro Uribe Vélez, sobre el descubrimiento del yacimiento realizado por la empresa surafricana Anglo Gold Ashanti (AGA), considerado como el tercero en importancia en Suramérica, tras el de Yanacocha en el Perú y Escondida en Chile1, resultó ser una buena noticia para los mineros. Pero de preocupación profunda para los habitantes de Ibagué (su capital departamental), Espinal, Coello, Rovira, San Luís, Flandes y la misma Cajamarca, poblaciones donde vive cerca del 70 por ciento de los habitantes del departamento, por las afectaciones que podrían llegar a sufrir la Reserva Forestal Central (creada mediante la ley 2 de 1959), las fuentes hídricas que allí se originan, y el uso del suelo destinado a la agricultura y la ganadería. La alarma entre los campesinos, amas de casa, comerciantes y demás vecinos de Cajamarca, impulsó a algunos de ellos a consultar y generar discusiones relacionadas con los efectos que ocasionarían en el territorio la exploración y explotación minera. Proceso al que se sumaron también estudiantes y profesores de la Universidad del Tolima (UT). El propósito de esta alianza era buscar financiación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para traer expertos nacionales e internacionales a que realizaran conversatorios a la población sobre: la cantidad de agua requerida para explotar la mina, el impacto sobre la economía agrícola local y el ambiente, el grado de contaminación al que se verían sometidas las fuentes hídricas, etc. Lo prioritario para integrantes de organizaciones sociales como Ecotierra y docentes de la UT, era aprender de las experiencias de otros territorios del continente americano donde se habían implantado proyectos de extracción aurífera a cielo abierto, como el que se pretendía instalar en Cajamarca. Informarse para informar a las comunidades y empoderarse académica y técnicamente sobre los impactos ambientales y sociales catastróficos que ocasionaría la explotación de la mina La Colosa2. En efecto, con la intención de nutrir el debate, Pax Christi Internacional patrocinó el viaje de cinco líderes tolimenses, entre los que había tres profesores de la UT, a que aprendieran de primera mano la experiencia vivida por la comunidad de Yanacocha en Perú. Lugar en el que desde el año 1992, la multinacional Newmont Mining, realizaba trabajos de explotación. Allí pudieron comprobar que el pueblo peruano donde operaba la mina seguía “sumido en el atraso y su condición era similar a la de antes que empezara la explotación”3, motivo por el cual regresaron convencidos que no querían para el territorio tolimense un absurdo ambiental similar. Con el fin de impedir el inicio de la fase de explotación del proyecto megaminero, comenzaron a emerger desde el año 2008 procesos organizativos multisectoriales como Conciencia Campesina, Unión Campesina, entre otros. Estos primeros nucleamientos colectivos, sumados a los ya existentes, como la Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Rio Anaime (Apacra), y el Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca), integraron entre el año 2010 y 2011, los primeros Comités Ambientales(CA) en el municipio de Cajamarca y la capital departamental Ibagué. Durante los dos años siguientes se conformaron agrupamientos similares en 18 municipios más donde también se realizan actividades mineras, los cuales conformaron la Red de Comités Ambientales del Tolima (RCAT). Organización que se configuró con el fin de apoyar la lucha de resistencia de los nucleamientos colectivos que operan contra el proyecto de La Colosa en el territorio de Cajamarca y de evidenciar a nivel departamental los efectos ambientales del proyecto extractivo. Las acciones colectivas de rechazo al emprendimiento minero que realizan estas organizaciones como: movilizaciones (como la Marcha Carnaval en Defensa de la Vida y el Territorio, la cual se celebra en los primeros días de junio de cada año en la ciudad de Ibagué), plantones, o bloqueo de vías, han servido para que las comunidades interioricen valores como la solidaridad, el compañerismo, la camaradería y la fraternidad. Estos aprendizajes adquiridos de manera informal han servido para que integrantes de estos mismos procesos organizativos, acompañados siempre por estudiantes y docentes de la UT, realicen prácticas educativas formales como: campañas de sensibilización por medio de volantes que se distribuyen puerta a puerta en plazas de mercado, medios de transporte, o ciclo rutas. Efectúen conversatorios y talleres con expertos sobre la importancia de los páramos en los que nacen las cuencas hidrográficas que surten de agua los acueductos comunitarios de las fincas que componen cada vereda. Programen caminatas ecológicas y limpieza de caminos. Impulsen consultas populares contra la actividad minera y planifiquen diplomados semestrales sobre gestión ambiental tanto en la ciudad de Ibagué como el municipio de Cajamarca. Estas acciones educativas, (como se demostrará en la investigación) derivaron en una toma de conciencia por parte de los integrantes y simpatizantes de los procesos organizativos acerca de los efectos inmediatos y de largo alcance, emanados de las prácticas depredatorias del proyecto aurífero. Comprensión que medió en la configuración de nuevos saberes relacionados con las prácticas extractivas y los efectos sociales, culturales y ambientales que estos ocasionan en los lugares donde se instalan. Aprendizajes que mediaron en la reorientación de prácticas relacionadas con la actividad agrícola, el uso y cuidado del agua, las cuencas hidrográficas, la fauna y flora local. Así como en la reafirmación de la identidad y sentido de pertenencia con el lugar; y la recuperación de la memoria como elemento estratégico para el impulso de procesos de resistencia a fin de evitar una tragedia ambiental en el territorio. Estas prácticas educativas que afectan la dimensión subjetiva de las comunidades no han sido exploradas aún por las ciencias sociales. En este sentido, la investigación está dirigida a entender si tales acciones han servido para prefigurar la existencia de una sociedad donde se respete el derecho a la autodeterminación de las comunidades locales, se evite el despojo de tierras y la depredación de bosques, biodiversidad, saberes tradicionales y otros bienes comunes. Como afirma Torres (2007), estas acciones que contienen características constitutivas de nuevos sujetos sociales, son a su vez procesos de subjetivación individual y colectivo que articulan lo educativo con experiencias asociativas, lo que se traduce en la generación a nivel individual de formas distintas de ver, de hacer, y de relacionarse. En este orden de ideas el resultado de la investigación que acá se presenta estuvo orientado por la siguiente pregunta problémica: ¿Cómo han contribuido las prácticas educativas que se desarrollan en torno a las acciones colectivas y qué influencia han tenido en las transformaciones subjetivas de los que han participado de ellas en la población de Cajamarca Tolima?