Emergencia de la educación superior en establecimientos carcelarios en Colombia entre los años 2005 a 2015.

Abstract

La educación superior en las cárceles de Colombia es un asunto complejo y entrelazado en el que intervienen múltiples factores sociales, políticos, económicos y familiares; es una cuestión que se debate entre la necesidad de garantizar el acceso a programas de formación a la población carcelaria y las disímiles condiciones carcelarias que dificultan su desarrollo, entre las que se encuentran: la falta de recursos económicos, la infraestructura disponible, los niveles de hacinamiento, el tipo de centro carcelarios, la falta de oferta educativa y las condiciones de cada condenado. De hecho, la corte constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucional dada la situación carcelaria en el país. Por otra parte, los discursos que circulan en torno a la educación en la prisión dan cuenta de diferentes tensiones entre los actores involucrados; de una parte el Estado pone a circular el discurso del tratamiento penitenciario como mecanismo para lograr la resocialización del sujeto infractor, incluyendo a la educación como eje fundamental para la transformación del condenado, en términos de proyecciones de vida, utilidad en la sociedad y aprender a vivir con el otro; otra posibilidad es que el condenado accede al tratamiento como una estrategia para alcanzar la libertad de forma más expedita sin mayores pretensiones de transformación; mientras que la sociedad cada día demanda penas más altas, incluso promoviendo en algunos casos la cadena perpetua. En este mismo sentido, la responsabilidad de la resocialización del sujeto que ha sido condenado, recae sobre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que a través de diferentes políticas y acciones busca garantizar la dignidad humana en las cárceles, reconociendo los derechos fundamentales que tienen las personas aun cuando se encuentren privadas de la libertad; mientras que la sociedad civil y el sector empresarial parecieran no estar interesados en el asunto, son escasos los pronunciamientos desde estos sectores, y cada vez es más complejo promover la participación en la sociedad de las personas que han Estado privadas de la libertad. De nada sirve un proceso de educación superior exitoso al interior de la prisión y un tratamiento que busca la resocialización, si la sociedad no está dispuesta a acoger al sujeto y el sector empresarial a generar oportunidades de empleo, esto da cuenta de las pocas opciones que tiene una persona que ha cumplido una condena, lo cual conlleva la posibilidad de reincidencia en las prácticas delictivas. Es público que los problemas sociales, políticos y económicos del país, se ven reflejados en los niveles de violencia e inseguridad provocando la emergencia de tensiones y contradicciones en torno a lo que debe ser la política criminal, la política penitenciaria y política carcelaria. Mientras el Estado pone a circular el discurso de la justicia restauradora, gran parte de la sociedad demanda una justica altamente punitiva.